Córdoba: esperas de hasta catorce meses para acceder a terapias, prótesis y medicamentos

Conseguir un turno para certificar una discapacidad, iniciar una rehabilitación o recibir una prótesis puede insumir meses de espera en la provincia de Córdoba, según un relevamiento presentado el 5 de octubre de 2026 por la Defensoría del Pueblo. El informe describe un entramado de obstáculos administrativos, demoras en prestaciones y sobrecostos que recaen sobre las familias y sobre los prestadores, y advierte por la posible vulneración de derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Trámites y esperas: el cuadro relevado

Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y las citas se otorgan con esperas de entre dos y tres meses, según el documento. El relevamiento también señala dificultades para acceder a consultas con especialistas, lo que encarece los circuitos de derivación. La Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en materia de discapacidad, fija plazos y coberturas que, a la luz del informe, no se estarían cumpliendo en los tiempos previstos.

“Las demoras oscilan entre cuatro y nueve meses para prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para acceder a centros de rehabilitación.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo

• Obtención del CUD: turnos con esperas de dos a tres meses en hospitales pediátricos; cupos acotados en juntas evaluadoras.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses, según el relevamiento.
• Rehabilitación: ingresos a centros con esperas de nueve a catorce meses.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y hasta un año por parte de obras sociales y programas estatales.
• Gastos de bolsillo: familias que pagan terapias, transporte y apoyos escolares con recursos propios durante dos años o más.
• Sobrecarga de cuidados: reducción de jornada laboral e ingresos, en particular sobre mujeres del entorno familiar.

Costos, aranceles y transporte

El informe también pone la lupa sobre el desfasaje entre los aranceles que paga el sistema y los costos que afrontan los prestadores. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los valores del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en ese mismo período, lo que implica una pérdida real cercana a un tercio del valor reconocido. En materia de transporte, la nafta súper subió un 559% y el valor reconocido por kilómetro recorrido apenas un 231%, una brecha que el documento asocia con la dificultad de sostener los servicios en zonas alejadas.

Mientras esperan respuestas, las familias absorben buena parte del costo. Una madre entrevistada declaró haber desembolsado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones particulares, luego de sostener esa modalidad durante alrededor de dos años. El cuadro se completa con testimonios de mujeres que redujeron su jornada laboral y resignaron ingresos para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Derechos vulnerados y responsabilidad del Estado

El documento describe cómo el cuadro descrito compromete derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley 24.901, al colocar la carga económica y de cuidados sobre los hogares y al debilitar la red de prestadores. Subraya además que las esperas prolongadas interrumpen tratamientos que, en muchos casos, son continuos y sensibles al tiempo, como rehabilitaciones kinésicas, fonoaudiológicas y provisión de prótesis.

Por la magnitud de los plazos, la Defensoría advierte que la accesibilidad a las prestaciones no se resuelve con respuestas puntuales sino con decisiones presupuestarias y administrativas sostenidas. El texto fue elaborado a partir de entrevistas y grupos focales: sus testimonios describen experiencias y no constituyen una medición estadística del conjunto de los casos, por lo que las cifras deben interpretarse como el piso de un problema que podría ser aún mayor.

La pregunta que queda flotando es la que el propio informe deja entre líneas: quién autorizó sostener durante años aranceles por debajo de la inflación, quién firmó los convenios que pagan a los prestadores con demoras de hasta un año y cuándo piensa el Estado provincial hacerse cargo de las demoras que hoy soportan las familias.