La salud mental de la infancia se desborda: chicos que llegan solos y un Estado que llega tarde

En el pasillo de una guardia pediátrica del conurbano bonaerense, una nena de once años espera sentada en una silla de plástico con la mirada clavada en el piso. La trajo su abuela, no la madre. Desde hace meses no duerme, arrancó con cortes finos en los antebrazos y la semana pasada dijo, sin dramatismo, que no quería seguir viviendo. En la mesa de entrada anotan el caso, le asignan un turno con salud mental para dentro de tres meses y le dicen que vuelva si la situación se agrava. La escena se repite, con variantes, en escuelas primarias, consultorios externos y servicios de guardia de todo el país. Es el síntoma más visible de un cuadro que los especialistas describen como una crisis sostenida de salud mental en la infancia y la adolescencia, con un denominador común: chicos que llegan tarde a circuitos que, además, no dan abasto.

Violencia silenciada y efectos que duran toda la vida

El primer dato para dimensionar el problema lo aportan las estimaciones de UNICEF: una de cada ocho niñas y mujeres sufrió una violación o una agresión sexual antes de cumplir los dieciocho años; entre los varones, la proporción es de uno de cada once. Buena parte de esas experiencias permanece silenciada porque nunca encontró un interlocutor, y sus consecuencias sobre la salud mental pueden extenderse durante décadas. A ese cuadro se suman maltratos cotidianos, negligencia y humillaciones que pocas veces quedan registrados en un expediente y que tampoco se traducen en una consulta: pesan, pero no se ve el peso.

En consultorios y aulas, los profesionales describen un patrón que se repite: chicos que no pueden dormir, que dejaron de comer o que comen de manera compulsiva, que se aíslan, que se lastiman o que expresan, con una naturalidad que asusta, que no quieren seguir viviendo. Detrás de cada uno de esos síntomas hay, en muchos casos, una historia que tardó años en encontrar a alguien dispuesto a escucharla.

Pantallas, apuestas y aprendizaje que se cae

• Uno de cada cuatro adolescentes argentinos apostó dinero al menos una vez, según datos de UNICEF. Las plataformas digitales los expusieron a contenidos sexuales no deseados, a publicidad de apuestas y a material que promueve conductas de riesgo.
• El uso intensivo de pantallas no aparece como un capricho generacional: en buena parte de los casos funciona como refugio ante soledades que no tienen otro lugar adonde ir.
• Las pruebas PISA 2025 confirman el derrumbe en los aprendizajes: casi ocho de cada diez estudiantes argentinos de quince años no alcanzaron el nivel básico en Matemática, y alrededor de seis de cada diez tampoco lo hicieron en Lectura ni en Ciencias.
• Aprender exige atención, confianza y tolerancia a la frustración, tres recursos que se agotan cuando la energía psíquica está puesta en sobrevivir al hambre, la violencia o el abandono.

Cuando una familia logra advertir que algo está mal y pide ayuda, el recorrido se vuelve una carrera con obstáculos. Los servicios están saturados, faltan profesionales especializados y los tiempos de espera convierten una señal temprana en una urgencia. La atención llega, además, fragmentada: la escuela recibe el problema de conducta, el hospital el síntoma, la justicia la infracción. El chico, en el medio, puede perderse como persona dentro de un circuito de informes e intervenciones que no se hablan entre sí.

Los equipos de salud mental infantojuvenil son escasos y, en muchos distritos del conurbano y del interior, directamente inexistentes. Las guardias generales absorben lo que pueden, los centros de atención primaria carecen de dispositivos específicos y los hospitales de día trabajan con cupos cerrados desde hace años. La consecuencia es concreta: derivaciones que no se cierran, tratamientos que se interrumpen por falta de profesionales y familias que pagan de su bolsillo lo que el sistema público no garantiza.

La plata cuenta, y dice. El presupuesto nacional destinado a salud mental históricamente no alcanza el diez por ciento del total de salud que recomienda la ley, y la porción específica para infancia y adolescencia se licúa en programas que rara vez llegan a los territorios con equipos completos. Mientras tanto, el costo de no atender se mide en deserción escolar, en internacionales por intento de suicidio, en adolescencias que se quiebran en silencio. La factura la paga, siempre, el mismo sector: las chicas y los chicos más pobres, que son además quienes menos acceso tienen a una consulta privada.

El cuadro no es abstracto: se ve en las aulas, se siente en las guardias y se cuenta en los consultorios. La pregunta ya no es si el sistema responde, sino cuánto tiempo más podrá seguir sin responder. La responsabilidad es del Estado, en sus tres niveles, que mira cómo se multiplican los síntomas mientras los equipos especializados siguen siendo los primeros en ajustar y los últimos en ser escuchados.