El pasillo del Senado, durante la presentación del informe, reunió a funcionarios provinciales de Salud que suelen moverse por carriles separados y que esta vez compartieron un diagnóstico incómodo: el sistema público de salud mental está al límite. Las cifras que dejaron sobre la mesa, recolectadas por la Universidad Nacional de Lanús a pedido de los propios ministerios, hablan de una demanda que crece más rápido que la oferta de camas, profesionales y dispositivos territoriales.

Según el relevamiento, las consultas ambulatorias por problemas de salud mental treparon 23% en el último año, mientras que las internacionales crecieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional de 12% en los últimos doce meses. La fotografía es federal: abarca a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, jurisdicciones que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También se sumaron Entre Ríos y Río Negro al encuentro.

Dónde pega la demanda y dónde no alcanza la respuesta

El informe advierte que la presión recae con especial fuerza sobre dos grupos: niñas, niños y adolescentes, por un lado, y personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y migraron al sistema público, por el otro. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental, un indicador elocuente de cuánto cambió el perfil de demanda en los principales efectores.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales describieron esa infraestructura como sobreexigida y admitieron que persisten dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas, como psicología y psiquiatría infantojuvenil.

• Aumentar la inversión específica en salud mental, hoy claramente insuficiente frente a la demanda.
• Ampliar infraestructura y recursos humanos, con foco en la incorporación de profesionales que hoy faltan en los equipos.
• Garantizar el acceso a medicamentos, especialmente psicofármacos, en los efectores públicos.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, hoy fragmentada y dispersa provincia por provincia.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, reclamada como prioridad por los propios funcionarios.

El debate de fondo se da en el Congreso, donde se discute una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental vigente desde 2010. Los ministros provinciales que viajaron a la presentación plantearon que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar, a la vez, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. La advertencia llega en un momento en el que la demanda, lejos de moderarse, sigue acelerándose.

La plata manda, y en este caso manda dos veces: por la obra pública en salud mental que se ejecutó con desigual criterio entre provincias y por los recursos ordinarios que el Estado nacional no termina de asegurar para sostener los dispositivos creados. Mientras esa ecuación no se cierre, el sistema seguirá recibiendo pacientes a un ritmo para el cual no fue diseñado. La pelota, hoy, está en el Senado.