Robotaxis a la deriva: mientras el Congreso de Estados Unidos duerme, cuatro ciudades le ponen el cascabel al gato

La postal es tan elocuente como elocuente: el Congreso de Estados Unidos lleva años sin sancionar una ley nacional para los vehículos autónomos. Y mientras los legisladores se hacen los distraídos, las ciudades empiezan a poner sus propias reglas. Es el viejo truco federal de mirar para otro lado y dejar que el bardo lo arregle abajo.

El resultado es un mosaico normativo de manual. Minneapolis, San Diego, Austin y Washington D.C. avanzan con ordenanzas y resoluciones que limitan la circulación de los robotaxis operados por empresas como Waymo y Tesla. Algunas son más duras, otras más permisivas, pero todas coinciden en lo mismo: llenar el vacío que dejó la Casa Grande.

Minneapolis: monitor humano o nada

El Concejo Municipal de Minneapolis trabaja en una ordenanza que requeriría un operador humano pago dentro de cada vehículo autónomo. La concejala Robin Wonsley, autora del proyecto, fue al hueso: la ciudad no va a desplegar condiciones favorables para que las grandes tecnológicas desplacen a nuestros trabajadores. Waymo no se quedó callado y calificó la propuesta como una prohibición de hecho a los vehículos sin conductor. La empresa asegura que hoy opera más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades sin necesidad de un monitor a bordo.

San Diego: afuera del aeropuerto

El Concejo de San Diego aprobó una resolución para prohibir que Waymo opere en el aeropuerto internacional y para darle a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos en situaciones de emergencia. El concejal Sean Elo-Rivera lo resumió con una frase que duele: los conductores locales y los pequeños comercios cumplen regla tras regla para ganarse la vida.

Austin: los bomberos les piden protocolo a los Cybercab de Tesla

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Washington D.C.: cifras concretas y tope de flota

La discusión más detallada en números llega desde la capital. El concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limitaría a doscientos vehículos la flota de cada operador, postergaría el inicio del servicio comercial hasta 2028 y establecería una tarifa por milla recorrida para financiar el transporte subterráneo y compensar a los conductores de aplicaciones. Allen indicó que espera una votación en su comisión antes de fin de noviembre, lo que habilitaría un voto del pleno del Concejo en diciembre.

El detalle que casi nadie mira

Los gobiernos locales no tienen potestad sobre los estándares de fabricación de los vehículos. Es decir, pueden decir dónde y cómo circulan, pero no cómo se construyen. Esa línea divisoria es la que la industria buscaba evitar a toda costa: un único manual federal. Como no llegó, cada municipio escribe el suyo. Y a los rivales de Waymo en la próxima pulseada regulatoria, que no se relajen: cuando el Congreso se digne a legislar, el que llegue último paga el pato.