Mendoza abre una mesa gratuita para que consumidores renegocien deudas con tarjetas y préstamos personales

Los consumidores con domicilio real en la provincia de Mendoza pueden solicitar, de manera gratuita, una instancia de conciliación para renegociar deudas contraídas con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos de consumo. El procedimiento fue instrumentado por la Dirección de Defensa del Consumidor y contempla a hogares cuyos compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar, según se desprende de la normativa provincial que regula el mecanismo.

Vamos a los números: ese umbral de afectación de ingresos se reduce al 25% cuando se trata de hogares en situación de especial vulnerabilidad social. La normativa enumera como casos alcanzados a las familias con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

Condiciones de acceso y topes de deuda

Para acceder a la conciliación, el solicitante debe ser consumidor final y acreditar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. Además, el capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. Ese tope actúa como tope cuantitativo del trámite y deja fuera del procedimiento a los endeudamientos de mayor envergadura.

Quedan expresamente excluidas del mecanismo las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco resultan alcanzables los compromisos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar. La delimitación delimita el universo de casos y deja en claro que la herramienta está pensada para deudas de consumo de personas humanas, no para otro tipo de obligaciones.

• Préstamos personales
• tarjetas de crédito
• financiamiento de compras en comercios
• créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas
• deudas con cooperativas y mutuales

Qué se puede negociar y qué no

El procedimiento admite discutir alternativas que incluyen la extensión de los plazos de pago, el establecimiento de períodos de espera antes de iniciar las cancelaciones, la eliminación de intereses punitorios y de cargos por mora, y la readecuación del esquema de cuotas. La Provincia carece de facultades para imponer esas condiciones de manera unilateral, de modo que cualquier modificación en las condiciones originales de la deuda requiere un acuerdo expreso entre el consumidor y cada uno de los acreedores involucrados.

En la práctica, el trámite se canaliza a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde el solicitante debe presentar el detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor luego cita a los acreedores, que cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para informar su posición sobre la propuesta de reestructuración. La dinámica del procedimiento coloca al consumidor en el centro de la negociación y al Estado provincial como facilitador, sin reemplazar la voluntad de las partes.

Comparado con el mismo mes del año anterior, el esquema se inscribe en una serie de medidas provinciales que buscaron ampliar los canales de resolución de conflictos entre consumidores y entidades financieras y comerciales. En relación con el promedio nacional, Mendoza se suma a un grupo de distritos que disponen de instancias administrativas de mediación para deudas de consumo, aunque con la particularidad de fijar parámetros cuantitativos explícitos sobre el nivel de compromiso de ingresos que da derecho a solicitar la intervención.