Extendieron hasta 2027 el régimen que permite a los rurales temporarios conservar planes sociales mientras trabajan registrados

Para miles de familias que viven de la cosecha, cada temporada agrícola plantea una decisión que condiciona el resto del año: aceptar un empleo registrado implica, en muchos casos, ver interrumpidos los planes sociales que sostienen el hogar en los meses sin zafra. Una norma vigente desde 2021 vino a desactivar esa trampa y acaba de ser prorrogada por el Gobierno nacional hasta el 1 de septiembre de 2027, según publicó el Boletín Oficial mediante el Decreto 1204/2026.

Según datos del Ministerio de Capital Humano, alrededor de 50.000 trabajadores se encuentran alcanzados por el régimen, a los que se suman unos 83.000 hijos de aportantes que también quedan comprendidos por la extensión. La cifra da cuenta del volumen de hogares que dependen, en algún momento del año, de esta compatibilización entre el empleo formal temporario y la red de contención social.

A quiénes alcanza la prórroga

• Trabajadores bajo la modalidad de empleo temporario prevista en la Ley de Trabajo Agrario.
• Trabajadores bajo la modalidad permanente discontinuo de la misma ley.
• Personas que realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales.
• Trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

Vamos a los números. El esquema fija un piso claro para el ingreso familiar: las asignaciones familiares que perciban estos trabajadores no podrán ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de un piso nominal en pesos que, según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se actualiza trimestralmente por la Ley de Movilidad Jubilatoria. En la práctica, esa cláusula garantiza que el hogar perciba, por cada hijo, al menos lo mismo que recibiría si no estuviera en relación de dependencia.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el régimen exhibe una continuidad normativa: la prórroga de 2026 no introduce cambios de fondo respecto de la versión que rigió durante 2025, sino que extiende su vigencia por otros doce meses. En cuanto al promedio nacional, los Convenios de Corresponsabilidad Gremial cubren actividades como la cosecha de citrus en el Noroeste argentino, la vendimia en Cuyo y la recolección de arándanos en el NEA, entre otras economías regionales con fuerte estacionalidad.

Qué beneficios pueden conservarse durante la contratación

• Asignaciones familiares por hijo, con un piso equivalente al 100 por ciento de la AUH.
• Tarjeta Alimentar, que sigue activa durante toda la relación laboral.
• Programa Volver al Trabajo, según las condiciones de cada caso.

El decreto contempla, además, un mecanismo de transición hacia el empleo formal pleno. Cuando el vínculo laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales pasan a computarse como parte del salario, con excepción de la Tarjeta Alimentar. La redacción busca que el trabajador no vea reducido su ingreso bruto al abandonar los beneficios y, al mismo tiempo, que el empleador no enfrente un salto súbito en los costos laborales.

En paralelo, la norma incluye una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades. La herramienta está orientada a promover la registración laboral en un sector con alta informalidad histórica y a cerrar la brecha entre el trabajo registrado y el no registrado en las economías regionales.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) habían advertido, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La organización señaló que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo resulta fundamental para sostener la contratación formal en las campañas agrícolas y para evitar que los trabajadores queden atrapados en la informalidad para no perder la asistencia estatal.

En definitiva, la prórroga busca ordenar la transición entre los meses de cosecha y los de inactividad sin que las familias productoras deban elegir entre un salario formal y la red de protección social. La medida, que se inscribe en una serie de decisiones del Poder Ejecutivo orientadas a desburocratizar el vínculo entre el empleo rural y los programas sociales, regirá hasta septiembre de 2027 y obliga a revisar su impacto en términos de registración efectiva, cobertura de los hijos de los trabajadores y sustentabilidad fiscal del esquema en el conjunto del territorio nacional.