El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida se adoptó en el marco del jury que tramita por una denuncia de acoso sexual presentada por una funcionaria de ese mismo tribunal y que, según el Ministerio Público Fiscal, ya reúne seis imputaciones formales contra el magistrado.

Origen de la denuncia y primeras actuaciones

El expediente se inició en julio de 2025, cuando la afectada radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del juez con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de supuestas propuestas de encuentros personales. Acompañó su relato con chats y audios como respaldo probatorio. A partir de ese paso, se abrió un sumario administrativo y se dio intervención a la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo.

En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro, que amplió el universo de hechos analizados.

Las seis imputaciones que sostiene la fiscalía

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según el relato de la denunciante y las pruebas aportadas.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El Jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. La resolución que apartó preventivamente a García Maañón se dictó mientras el magistrado se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte.

Hasta ahora, lo acreditado en el expediente se limita a la denuncia radicada y a la prueba aportada por la funcionaria, junto con las demás presentaciones acumuladas. El resto de los señalamientos -incluidos los seis cargos formulados por la fiscalía- corresponde a hipótesis de la investigación que todavía no fueron debatidas en el jury y que deberán atravesar la producción de prueba y la valoración del órgano acusador y de la defensa. La instancia que sigue es el análisis de los cargos y la evaluación de la prueba por parte del Jurado de Enjuiciamiento, en audiencias cuya fecha aún no fue difundida.