Detienen a exdirectivos de la Terminal Puerto Rosario por lavado de activos ligados al narcotráfico y la corrupción en Cataluña

La Unidad Fiscal que coordina las pesquisas en la causa caratulada por lavado de activos y asociación ilícita solicitó esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR), en el marco de una investigación federal que describe cómo la concesionaria del puerto local funcionó durante casi 16 años como una pantalla para integrar al circuito legal fondos provenientes del narcotráfico y de la corrupción política en Cataluña.

El expediente es impulsado por un grupo de cinco fiscales federales, quienes sostienen que entre 2004 y 2020 la terminal portuaria de uso público sirvió para blanquear dinero de dos orígenes distintos: las ganancias del tráfico de cocaína en Rosario y las comisiones cobradas en España por la familia Pujol, vinculadas a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El eje de la acusación: un exdirectivo ya condenado por narcotráfico

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según consta en ese expediente, Shanahan operó desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveyó dólares para la compra de cocaína.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos en efectivo, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego. De acuerdo con la investigación, esa operatoria constituye el primer eslabón del esquema que ahora se reconstruye a mayor escala.

El origen del dinero: la familia Pujol y el fallo español

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local, que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La Justicia española, en un fallo confirmado en 2021, determinó que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña.

El mecanismo de lavado en tres etapas

• Ingreso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria, a través de sociedades locales vinculadas a la offshore de Pujol Ferrusola.
• Transformación: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador. Lo que había entrado como 'inversión' salía como 'precio de venta' y quedaba registrado como una operación comercial lícita.
• Egreso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el fin de dar apariencia de movimientos financieros genuinos. De lo probado hasta ahora en el expediente, surge que las maniobras se prolongaron durante casi 16 años y que el embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares.

La investigación continúa en etapa de instrucción. En los próximos días, el juez federal interviniente deberá resolver sobre los pedidos de detención solicitados por el Ministerio Público Fiscal y fijar la fecha de las audiencias indagatorias, en las que los acusados podrán declarar o ejercer su derecho a no hacerlo. La fiscalía procura avanzar con la prueba reunida para luego elevar el caso a juicio oral.