El poder de la inteligencia artificial sobre las finanzas abre una pregunta urgente: quién podrá controlarla

Hay una imagen que el historiador Yuval Noah Harari usa para explicar un riesgo de la inteligencia artificial y que resulta difícil de olvidar: una vaca puede ver y temer a los seres humanos, pero desconoce qué es el dinero. Aun así, el mercado condiciona su vida. Según su planteo, algo parecido podría ocurrirnos frente a sistemas financieros creados por máquinas.

La advertencia no necesita recurrir a robots ni a escenas futuristas. Harari apunta a dos ámbitos mucho más cercanos: las finanzas y la burocracia. Allí, sostiene, la inteligencia artificial encuentra un terreno favorable porque puede procesar reglas, formularios y enormes cantidades de datos sin el agotamiento que esas tareas provocan en las personas.

Una complejidad que podría escapar al control humano

En un banco, por ejemplo, ningún empleado puede conservar en la memoria el historial completo de las operaciones de la entidad. Un sistema de inteligencia artificial sí podría trabajar con ese volumen de información y, a partir de allí, diseñar estructuras financieras demasiado complejas para ser auditadas con los métodos actuales.

Harari calcula que esa situación podría consolidarse en un plazo de diez a veinte años. La preocupación es que terminemos usando sistemas cuyas decisiones afecten nuestra vida cotidiana, pero que ninguna persona pueda explicar por completo.

La brecha también se ve en Argentina

Los datos locales sobre fraude digital no prueban que ya exista el escenario descripto por Harari, pero sí muestran la dificultad de proteger a los usuarios frente a los cambios tecnológicos. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, más del 70 por ciento de las denuncias por ciberdelitos en el país corresponden a fraudes digitales y casos de suplantación de identidad.

Por su parte, un informe de CertiSur y D'Alessio IROL registró que el 43 por ciento de los usuarios argentinos de internet sufrió algún fraude digital o acceso indebido a sus cuentas entre 2025 y el primer semestre de 2026. En el período anterior, la proporción había sido del 33 por ciento.

Desde el 4 de agosto de 2026, los proveedores de servicios de pago registrados deben gestionar y registrar los incidentes de ciberseguridad, además de notificarlos al Banco Central. Es una medida de control, aunque queda pendiente el desafío más amplio que plantea Harari: asegurar que siempre haya personas responsables de las decisiones tomadas mediante estas tecnologías. Resolverlo les toca a quienes regulan y a quienes diseñan y utilizan esos sistemas.

Inés Altamirano, Alta Gracia y Paravachasca.